El proyecto de ley fue ingresado por la Cámara de Diputadas y Diputados y nació, destacan desde el Ejecutivo, de un protocolo de acuerdo que se firmó durante la tramitación en Comisión Mixta de la reforma constitucional para la protección de la Infraestructura Crítica, y tras ser conversado en la mesa transversal de seguridad que impulsaron a fines de 2022.
«Las Reglas del Uso de la Fuerza lo que buscan es dar certezas tanto a las fuerzas del orden como en la ciudadanía en general de cuándo se actúa dentro de la legalidad. Y si algo hace esta ley, es no dar certezas», indicó.
«De partida, porque lo delega todo en reglamento. Entonces, uno dice: ‘vamos a salir de la circular o vamos a salir del decreto supremo, en el caso de los militares, para pasar a una ley para dar certezas’. Sin embargo, lo que hace la ley es delegar en varios reglamentos la ejecución», manifestó.
«Segundo, a mí me parece que es una ley de oficina porque se pone en un supuesto muy excepcional y solamente atribuible al control de orden público. Pero usted comprenderá que pretender que alguien que hace un allanamiento en una zona de alta complejidad, o cuando hay un ataque con bombas molotov incendiarias a una comisaría, haya que cumplir la graduación que ahí se plantea, que parte por identificarse, usted comprenderá que ese alcance es ridículo», señaló.
Tras ser consultado sobre si cree que no existen los votos para aprobar este proyecto de ley. Diego Schalper indicó que «yo creo que si el Gobierno no se abre a cambiar sustantivamente lo que ha planteado, la oposición lo va a votar en contra».
«Lo va a votar en contra porque creemos que esta ley hace exactamente lo que no tiene que hacer, que es aumentar la incertidumbre de Carabineros. Cuando la Ley Nain-Retamal lo que ha hecho es darle certezas a Carabineros, esta ley lo que hace es exactamente lo contrario», aseveró.
«Para nosotros es clave que esta ley se ponga en los supuestos que realmente son complicados hoy en día en Chile que tiene que ver con enfrentar el crimen organizado, enfrentar situaciones de alto riesgo. Lo que ahí se establece como graduación es ridículo», manifestó.
«Segundo, esta ley no hace justicia con lo que hemos llamado la legítima defensa privilegiada, que es que se presuma en la concurrencia de los contextos de la legítima defensa cuando este funcionario actúe en el cumplimiento de su deber. Esta ley lo que hace es retroceder en eso», señaló.
«A mí en lo personal me complica muchísimo que el tratamiento a las fuerzas militares, incluso en labores de orden público, sea la misma que las policías. Es no entender la diferencia radical de uno y otro caso», afirmó.
«Yo espero que el Gobierno esté dispuesto a hacer cambios sustantivos o la verdad es que no va a contar con los votos de la oposición», finalizó.
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