La norma que tuvo amplio respaldo en la cámara, también otorga fuero laboral por un año a quienes sean víctimas de un femicidio frustrado.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones hechas por el Senado al proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, lo que les permitirá a los hijos acceder a una pensión de 160 mil pesos.
La iniciativa contó con el amplio respaldo de la cámara baja en las tres votaciones y fue patrocinada por el gobierno en su primer trámite.
Con esta nueva ley, se establece la creación del derecho a una pensión para las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. El monto del beneficio ascenderá a 160 mil pesos y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios.
También se aprobó que en un plazo de seis meses, el Ejecutivo deberá crear el reglamento que regule el pago de esta pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.
La sala también aprobó la propuesta del Senado para perfeccionar las definiciones de víctimas que establece la norma. Entre ellas, reconoce a la madre o al padre de las hijas o hijos de la ofendida por el delito. Junto a esto, reconoce también a quienes tengan el cuidado personal de estos. Además, reconoce a la actual pareja de la víctima que tenga una relación de carácter sentimental sin convivencia.
La ley que establece el régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas también establece un fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia interpuesta ante las policías o el Ministerio Público.
Junto a esto, se agregó que la víctima podrá solicitar la adecuación temporal de sus prestaciones laborales durante el plazo que dure el fuero. Esto, con el fin de permitir su debida reparación y protección.
La norma, asimismo, establece la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes comentan este delito. Paralelamente, establece que quienes sean reconocidos como víctimas de un femicidio, accederán prioritariamente a beneficios y programas estatales, con el objeto de garantizarles un adecuado nivel de vida.
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