Medidas subsidiarias son la única herramienta habilitada a estas alturas del año

• A dos meses de finalizar 2018, el cumplimiento de la  Ley de Inclusión Laboral solo se lograría recurriendo a medidas subsidiarias como la contratación vía outsourcing de servicios entregados por personas en situación de discapacidad, en torno a servicios como catering, call centers y teams promocionales, entre otros.
• Asimismo, en marzo de 2019, todos los edificios públicos y privados deberán cumplir con el Decreto de Accesibilidad Universal (DS50), que aplica, entre otros, a estacionamientos exclusivos, baños, rampas y puertas, que deben estar habilitados para ser usados por personas en situación de discapacidad.

 

La Ley de Inclusión Laboral vigente en Chile, exige que el 1% del total de empleados de una empresa, pública o privada, con más de 100 funcionarios, corresponda a personas con alguna discapacidad acreditada por el Registro Nacional de Discapacidad o mediante Pensión de Invalidez. Dado que los modelos de acreditación inclusiva exigen de al menos 3 meses; a noviembre de este año, solo las medidas subsidiarias, como el outsourcing de servicios entregados por personas en situación de discapacidad o la donación sin beneficios tributarios a Fundaciones que trabajen en pos de la inclusión laboral, serían la alternativa habilitadas para cumplir con las exigencias de la ley.

 

De acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, desde el pasado 1 de abril a la fecha, cerca de 900 empresas han registrado contratos en el marco de la nueva ley, por un total de 4.300 trabajadores, cifra muy menor a las exigidas por la Ley. En marzo de 2019, además se suma la exigencia del decreto de “Accesibilidad Universal” (DS50) de todos los establecimientos públicos y privados.

 

Según Rodrigo Arias, fundador de OpenCluster, un innovador modelo de inclusión laboral operativo en 15 empresas y en un universo de 40 mil trabadores en Chile; comenta que a solo mes y medio de finalizar el año, solo resta la posibilidad de implementar medidas subsidiarias para cumplir con la cuota que exige la ley. “Las empresas deben cumplir con un promedio del 1% desde abril a diciembre de 2018. Si una empresa no incorporó en los meses anteriores, tienen meses en contra. Obligatoriamente tendrán que contratar más del triple de funcionarios mediante outsourcing para quedar al día, de modo de subvencionar la deuda no resuelta en lo corrido del año. Esas personas deben estar contratadas y activas a la fecha, y habrá que suplir esa cifra con una meta incumplible”.

 

Las medidas subsidiarias habilitadas por la ley se refieren a la contratación mediante outsourcing de servicios como podría ser catering; o bien, servicios de call centers o de teams promocionales, entre otros. Todos los servicios deben ser entregados por personas en situación de discapacidad y facturados demostrando dicho compromiso. Con el reloj en contra, considerando más de 6.300 empresas con sobre 100 colaboradores, y de ellas más de 4.400 empresas que aún no cumplen con la Ley de Inclusión Laboral, estarían solo en condiciones de recurrir a estas medidas subsidiarias.

 

De este modo, las empresas deberán certificar donaciones fundaciones acreditadas, sin beneficios tributarios o bien, contratar los servicios de una empresa que provea servicios de outsourcing con personas en situación de discapacidad. El valor de dichos servicios contratados deberá ser por el valor desde abril a la fecha o el saldo pendiente.

 

Se estima que un 20% de los chilenos en edad laboral tiene alguna discapacidad y un 80% de las personas con discapacidad que trabajan, desconocen que presentan una discapacidad acreditable. El proceso de levantamiento de este tipo de información ha demostrador ser altamente enriquecedor para las compañías, ya que en vez de poner en riesgo el puesto laboral, ayuda a que el entorno social tome conciencia de las condiciones de salud con las que muchos conviven.

 

Rodrigo Arias, comenta que la encuesta para levantar esta información es completamente voluntaria y no impuesta desde la gerencia, y una vez detectada una discapacidad, es el mismo trabajador quien decide informarla a su jefatura, así como también, iniciar el proceso de acreditación en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND). Epilepsia, fibromialgia, enfermedades de la infancia como meningitis o poliomielitis, son solo algunas de las más frecuentes en la población laboral activa.

 

En los meses anteriores, el modelo de OpenCluster, conducido por especialistas en psicología, terapia ocupacional y ramas sociales, se ha abocado a desarrollar conciencia colectiva intraempresarial acerca de la inclusión, detectar discapacidades ocultas en el personal activo antes de incorporar nuevos recursos en situación de discapacidad, además de asesorar a trabajadores bajo la Ley de Protección de la Vida Privada. De un total de 40.144 trabajadores de empresas asesoradas por OpenCluster, 15.442 respondieron la encuesta voluntaria, detectando 1.523 personas con alguna discapacidad, y 741 que calificaron como candidatos para ser acreditados con el RND en los distintos tipos de discapacidad.

 

En una lógica que implica enseñar y nivelar conocimientos al interior de las organizaciones, el modelo invita a ver capacidades en vez de discapacidades y a convertir la cultura organizacional en torno a la discapacidad, de forma que sea vista como una oportunidad. Este modelo está permitiendo el cumplimiento de la nueva Ley de Inclusión en las marcas catastradas, entre las que se incluyen: Maver, Aguas Andinas, Sonda, Banco Itaú, MacOnline, Construmart, Hendaya, Polpaico, Kaufmann, entre otras.

 

EN MARZO SE EXIGIRÁ ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

 

En cuanto al cumplimiento del Decreto 50 de Accesibilidad Universal que se encuentra bajo el marco de la ley igualdad oportunidades e inclusión social personas discapacidad (20.422), ésta obliga el cumplimiento desde el 4  marzo de 2019 normando los estándares mínimos arquitectónicos que deben cumplir todas las instituciones públicas y privadas. Entre los aspectos que deberán estar resueltos y regularizados, se incluyen estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad, conexión del espacio exterior e interior de la edificación, espacios de uso publico, oficinas de atención, rampas/escaleras/ascensores, puertas con anchos mínimos según normativa, baños accesibles, entre otros.

 

Este trabajo también requiere de capacitación del personal encargado de la infraestructura, prevención de riesgos y/o desarrollo organizacional.  En opinión del vocero de OpenCluster, “en este proceso que se avecina, es importante entregar un análisis de brecha de los espacios de trabajo respecto de la nueva normativa, de modo de informar y programar los potenciales cambios que se deben realizar; así como la entrega de un “Manual de Accesibilidad”, ello considerando los cambios que supone el ciclo de vida de toda empresa y así prever futuras modificaciones estructurales”. En la actualidad Opencluster  tiene un total de 200 edificios públicos evaluados bajo la nueva normativa, además de aportar un informe técnico validado por un arquitecto experto en accesibilidad con recomendaciones pertinentes a cada edificio evaluado.

 

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