Al cierre del primer año de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral en Chile, las cifras nacionales son preocupantes. Solo cerca de 1200 empresas públicas y privadas registraron contratos bajo la nueva ley, y aunque ésta exige un 1% del total de funcionarios en situación de discapacidad, el modelo de inclusión laboral de OpenCluster reporta un promedio del 2,45% en más de 70 mil trabajadores encuestados voluntaria y anónimamente.
El modelo de OpenCluster, implementado en 38 empresas, diseñado por un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la salud, social y laboral; parte por reformular el discurso y hacer un abordaje responsable por sobre asistencialista, y de concientización colectiva por sobre de sensibilización frente a la condición de discapacidad. En opinión de Rodrigo Arias, Presidente del Directorio del Grupo OpenCluster, “Antes que salir a buscar personas en situación de discapacidad para ocupar plazas o cargos inventados, nuestra propuesta es hacer una radiografía certera y genuina de la realidad de las empresas, de modo que empleadores y funcionarios tomen conciencia responsable de la discapacidad y la vean como una oportunidad y no como una carga”.
En los meses anteriores, el modelo de OpenCluster ha logrado detectar discapacidades ocultas en el personal activo antes de incorporar nuevos recursos en situación de discapacidad, además de asesorar a trabajadores bajo la Ley de Protección de la Vida Privada. De un total de 71.813 trabajadores de empresas asesoradas por OpenCluster, 29.543 respondieron la encuesta voluntaria, detectando 2.872 personas con alguna discapacidad, y 1.759 que calificaron como candidatos para ser acreditados con el RND en los distintos tipos de discapacidad.
Según cifras de la Dirección del Trabajo, desde el pasado 1 de abril a la fecha, cerca de 1200 empresas han registrado contratos en el marco de la nueva ley, por un total de 4.300 trabajadores, cifra muy menor a las exigidas por la Ley. Al cierre del 2018, solo resta la posibilidad de implementar medidas subsidiarias para cumplir con la cuota que exige la Ley.
La Ley de Inclusión Laboral vigente en Chile, exige que el 1% del total de empleados de una empresa, pública o privada, con más de 100 funcionarios, corresponda a personas con alguna discapacidad acreditada por el Registro Nacional de Discapacidad o mediante Pensión de Invalidez. Dado que los modelos de acreditación inclusiva exigen de al menos 3 meses, hoy solo existe la posibilidad de acudir a medidas subsidiarias, como el outsourcing de servicios entregados por personas en situación de discapacidad o la donación sin beneficios tributarios a Fundaciones que trabajen en pos de la inclusión laboral, de modo de cumplir con las exigencias de la Ley.
Las medidas subsidiarias habilitadas por la ley se refieren a la contratación mediante outsourcing de servicios como podría ser catering; o bien, servicios de call centers o de teams promocionales, entre otros. Todos los servicios deben ser entregados por personas en situación de discapacidad y facturados demostrando dicho compromiso. De este modo, las empresas deberán certificar donaciones a Fundaciones acreditadas, sin beneficios tributarios o bien, contratar los servicios de una empresa que provea servicios de outsourcing con personas en situación de discapacidad. El valor de dichos servicios contratados deberá ser por el valor desde abril a la fecha o el saldo pendiente.
Se estima que un 20% de los chilenos en edad laboral tiene alguna discapacidad y un 80% de las personas con discapacidad que trabajan, desconocen que presentan una discapacidad acreditable. El proceso de levantamiento de este tipo de información ha demostrado ser altamente enriquecedor para las compañías, ya que en vez de poner en riesgo el puesto laboral, ayuda a que el entorno social tome conciencia de las condiciones de salud con las que muchos conviven. Epilepsia, fibromialgia, enfermedades de la infancia como meningitis o poliomielitis, son solo algunas de las más frecuentes en la población laboral activa.
En una lógica que implica enseñar y nivelar conocimientos al interior de las organizaciones, el modelo invita a ver capacidades en vez de discapacidades y a convertir la cultura organizacional en torno a la discapacidad, de forma que sea vista como una oportunidad. Este modelo está permitiendo el cumplimiento de la nueva Ley de Inclusión en las marcas asesoradas en la industria de la minería, retail, utilities, comercio, finanzas, entre otras.
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