La colocación y detonación del artefacto explosivo afectó a la Corporación de Asistencia Judicial en 2017. En las dependencias de calle Valdés se dejó en un bolso y era de fabricación artesanal.
El equipo especial que indaga atentados con artefactos explosivos de la Fiscalía Metropolitana Sur cerró la causa por la colocación y detonación de una bomba en la Corporación de Asistencia judicial en Melipilla según consigna El Mercurio.
La noche del 14 de mayo de 2017, «el imputado Pablo Bahamondes junto a una o dos personas desconocidas colocaron, activaron, detonaron e hicieron explosionar un artefacto explosivo en el inmueble donde funcionan las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial», detalla la acusación.
En la misma presentación se explica: «El artefacto explosivo, de fabricación artesanal, estaba constituido por un contenedor metálico cilíndrico, del tipo extintor de incendio, relleno con el explosivo de fabricación industrial denominado TNT, esto es, trinitrotolueno; un sistema de activación mecánico compuesto por una mecha de fabricación industrial, con un detonador adosado en uno de sus extremos y metralla metálica al interior del contenedor, todo lo cual fue ocultado al interior de un bolso».
El mismo imputado además enfrenta cargos por porte ilegal de armas artesanales, tras realizarse en septiembre de 2018 un control al vehículo en que viajaba acompañado de otras dos personas, también formalizadas en el caso. Solo en la maleta -dice la acusación- portaban seis escopetas artesanales, 26 cartuchos, y más municiones en distintos lugares. También escondían «un revólver, marca Taurus, calibre 38» con seis cartuchos calibre 38 especial, dice la acusación.
En total, contra Bahamondes se piden 30 años: 10 por la colocación y avivación de la bomba; 15 por el porte ilegal de armas artesanales y cinco por otro hecho relacionado con el allanamiento de un domicilio, donde se incautaron más armas.
Penas de menor intensidad fueron requeridas contra Henry Méndez y Héctor Moraga, ambos involucrados en el caso por Ley Control de Armas. Los tres acusados están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad.
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