Hasta ahora, 1.395 personas permanecen en prisión en Brasilia, los hombres en la penitenciaría masculina de Papuda – la misma que alojó a Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, el líder del Primero Comando da Capital (PCC), la principal organización criminal del país – las mujeres en la cárcel de Colmeia. Pero el número podría aumentar, ya que la policía federal brasileña se encuentra aún en plena investigación. Incluso ha creado un correo electrónico especial (denuncia8janeiro@pf.gov.br) para quien desee enviar información sobre los acontecimientos del 8 de enero.
La red también se ha puesto en marcha. Se han creado perfiles de Instagram, vinculados al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, que publican fotos y aceptan denuncias de cualquier ciudadano, superponiéndose así a la actuación de la policía federal. Inicialmente, a petición del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, habían sido detenidas 1.500 personas, la mayoría de ellas presas en el campamento situado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia. De este numeroso grupo, se liberó a los ancianos, los enfermos y los niños con sus padres. Fue, sin embargo, una detención colectiva única en la historia de Brasil, hasta el punto de que incluso el Ministerio Público del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, se movilizó para proporcionar un número suficiente de fiscales.
Según una investigación del sitio brasileño de noticias Metrópoles, que se basó en la lista oficial divulgada por la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal (Seape), algunos de los detenidos tenían antecedentes penales, por robo, amenazas, violencia doméstica y tráfico de drogas. Uno de ellos, Antônio Geovane de Sousa, de 24 años, tiene una orden de detención por sospecha de asesinato, mientras que Edna Borges Correa, de 54 años, es acusada en otro proceso de asociación criminal. Tres empleados de la Secretaría de Salud del Distrito Federal también participaron en la devastación de los palacios del poder. De los arrestados, 54 habían intentado anteriormente presentarse a cargos políticos desde 2000, incluso uno del PT de Lula, Marcio Castro Rodrigues. Pero solo tres habían sido elegidos, de los cuales solo una mujer, Odete Enfermeira, que llegó a ser concejal por el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro en Ponte Serrada, en el estado de Santa Catarina. Entre los detenidos hay también un ex militar de la Fuerza Aerea y un coronel del ejército.
Los extremistas detenidos ahora, que probablemente no serán incriminados bajo la Ley Antiterrorista de 2016 porque no contempla la motivación política, pueden ser condenados hasta 12 años de cárcel, según algunos abogados penalistas brasileños. El gobernador del estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, del Partido Social Democrático Brasiliano (PSDB), ha anunciado que ha puesto a disposición la Defensoría Pública de su estado para prestar asistencia jurídica a quienes no puedan permitírsela.
Y si las masas, desde los tiempos de la antigua Roma son cuerpos fáciles de mover, es a las raíces que la policía brasileña investiga ahora para averiguar quién pagó las decenas de autobuses que llegaron a Brasilia el 8 de enero procedentes de todo Brasil y las posibles ayudas financieras que se prometieron a los manifestantes durante su estancia en Brasilia.
Según el ministro de Justicia Flavio Dino, entre los financiadores habría personas “del agronegocio, cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas (los CACs como los llaman en Brasil) y comerciantes del Sur y Sudeste del país”, donde Bolsonaro había ganado más votos en las elecciones del 30 de octubre.
Para la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, “la masa enfurecida de los acontecimientos en Brasilia está vinculada a los crímenes en la Amazonia”.
“Es necesario castigar severamente a los financiadores”, declaró al diario Folha de São Paulo Marcello Brito, ex presidente de la Asociación Brasileña del Agronegocio (Abag), “pero el agronegocio que está detrás de estas manifestaciones es una pequeña minoría que no representa a los 5 millones de productores” dijo. No es casualidad que la Asociación de Productores de Soja y Maíz (Aprosoja) de Mato Grosso do Sul manifestara en un comunicado su repudio a los hechos del 8 de enero. “Defendemos la libertad de pensamiento y de manifestación pacífica, pero no podemos estar de acuerdo en absoluto con la invasión y el saqueo de ninguna propiedad, ya sea pública o privada”.
En cuanto a la búsqueda de posibles financiadores, algunos políticos estadounidenses del partido demócrata han pedido al FBI que compruebe si también hubo financiación desde Estados Unidos, mientras que en los próximos días un equipo de fiscales brasileños viajará a Washington para reunirse con sus colegas estadounidenses que se ocuparon de la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021.
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