UDI anuncia oficio contra Gobierno por informes negativos de Gendarmería de seis condenados por el 18-O que fueron indultados

«Si vuelven a delinquir, él (Presidente Grabriel Boric) será el principal responsable», acusaron los diputados gremialistas.

Parlamentarios de la UDI anunciaron que presentarán un oficio contra el Presidente Gabriel Boric luego que se conociera un informe de Gendarmería de Chile que recomendaba no indultar a seis condenados por delitos registrados en el contexto del «Estallido Social».

Según publicó Ex-Ante, durante 2022, el director general de Gendarmería, Sebastián Urra envió una serie de oficios reservados a la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos en los que se señalaba que los informes de la institución eran desfavorables en relación a sus solicitudes de perdón de pena y que entre los motivos de ello se ubicaban riesgos de reincidencia «muy altos» y falta de conciencia de los ilícitos.

A raíz de esto, los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso y Henry Leal anunciaron que enviarán un oficio acusando que «al menos la mitad de los delincuentes que fueron liberados tienen un alto riesgo de seguir delinquiendo en nuestro país, tal como lo advirtió Gendarmería, pero cuyo informe fue absolutamente ignorado por el Gobierno».

«Si alguno de ellos llega a reincidir estando en libertad, el principal responsable político de aquello va a ser el Presidente de la República y tendrá la obligación de responder a la ciudadanía por haber liberado a estas personas», indicaron.

Los diputados señalaron que «ahora entendemos por qué el Ejecutivo se negó a transparentar todos los informes y prontuarios de las personas beneficiadas, y era porque de esa forma iban a revelar que decidieron liberar a delincuentes avezados, que no han mostrado ningún arrepentimiento por sus actos y que tienen un alto riesgo de volver a reincidir, lo que pone en serio riesgo a todos los chilenos».

Cabe destacar que el oficio que pretenden impulsar los parlamentarios tiene como destino el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la cartera de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de, dicen, trasparentar si se han destinado recursos o se ha elaborado algún plan de reinserción para los condenados que no gozaban de un informe favorable.

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